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JUICIO POLÍTICO| La OEA condena a EPN por Crimen de Estado…Puede perder su cargo de Presidente !ENTÉRATE DE TODO! (+Detalles)

El espionaje que se realizó desde el gobierno de Enrique Peña Nieto a periodistas y activistas constituye un crimen de Estado y es propio de un régimen autoritario, aseguran especialistas. “No vemos voluntad política para investigar eso, pero queda la pregunta si el gobierno se puede investigar a sí mismo en algo tan delicado y tan ilegal”: Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC

 

El software malicioso Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, es uno de los más sofisticados e invasivos para realizar tareas de espionaje que solamente se justifican bajo casos de terrorismo o cuando peligre la seguridad nacional. Por ello, su venta es exclusiva a entes de gobierno. Las pruebas de que el actual mandato de Enrique Peña Nieto lo utilizó para representantes de los medios de comunicación y activistas, sobran.

Sobre Pegasus, el programa malicioso para la intervenciones a telecomunicaciones, organizaciones como CitizenLab han documentado su uso en naciones en conflicto como Israel, Turquía, Ucrania, Georgia o Emiratos Árabes Unidos, pero el país donde más se ha registrado su uso es uno que -en teoría- se asume como democrático: México.

No solo por ello es atípico su empleo en la nación gobernada por Enrique Peña Nieto, sino porque los objetivos de este espionaje son defensores de derechos humanos y periodistas, según lo documentado en el informe #GobiernoEspía

El extenso documento, producto de meses de investigación, fue realizado por las asociaciones R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), SocialTIC y Artículo 19, en coordinación con CitizenLab, un centro de investigación canadiense especializado en la protección de datos personales y análisis tecnológico.

Así fue como se documentó la adquisición de este software en por lo menos tres dependencias: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Foto: Tomada de Internet.-Carmen Aristegui

El lunes 19 de junio se dieron los resultados del informe en una conferencia de prensa, en la que participaron los blancos de estos espionajes: los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, y activistas como los directores del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A la par, el diario norteamericano The New York Times publicó en su portada el reportaje donde da cuenta de las tareas de espionaje que se realizaron contra periodistas y activistas en momentos coyunturales en que su trabajo exhibió las fallas del gobierno mexicano, ya fuera a causa de actos de corrupción, por violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.

El rotativo indica que cada intento de espionaje que resultara exitoso, tendría un costo que oscila en los 77 mil dólares.

Con cientos de pruebas que implican en el delito de intervención, solo hubo negación por parte del Gobierno Federal. Incluso, el propio Presidente confesó sentirse espiado: “Yo mismo a veces recibo mensajes, cuya fuente omite o desconozco, pero como ocurre en todo caso, soy cuidadoso en lo que hablo telefónicamente porque no faltará que alguien o que alguna vez, exhiban alguna conversación mía”.

ZETA conversó con Juan Manuel Casablanca y Luis Fernando García, directores de SocialTIC y R3D, respectivamente, acerca de los alcances de estos hallazgos y de las implicaciones de los delitos cometidos al intervenir comunicaciones sin orden judicial de por medio.

Las víctimas interpusieron una denuncia por espionaje telefónico ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la cual reúne el mayor número de casos impunes.

Las víctimas de estos delitos cometidos por el Gobierno Federal dijeron estar conscientes que es pedirle al gobierno que se investigue a sí mismo, ya que la fiscalía está adscrita a la PGR, una de las empresas que contrató el programa de espionaje; también saben que no exigir una investigación imparcial, exhaustiva, transparente y seria, sería abonar al clima autoritario que se vive en el país.

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